Hoy, el verdadero desafío no es simplemente “hacer educación financiera”, sino cumplir adecuadamente con la normativa vigente, demostrar ese cumplimiento ante el regulador y evitar riesgos institucionales o reputacionales.
En la práctica, muchas entidades desarrollan talleres, campañas o actividades aisladas. Sin embargo, al momento de una supervisión, surgen preguntas clave:
- ¿Existe un programa formalmente estructurado?
- ¿Es medible y trazable?
¿Está alineado con la gobernanza y la planificación institucional? - ¿Cuenta con evidencia verificable ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)?